“La ciudad y el entorno urbano representan para el [ser humano] la tentativa más coherente y, en general, la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el [ser humano] ha creado, también constituye el mundo donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el [ser humano] se recrea a sí mismo” Robert Park, 1999.
Introducción
En este proyecto de historia oral intento indagar en los significados de la experiencia del habitar el territorio en el Ecobarrio de Manantial, Triángulo Bajo, Triángulo Alto en la localidad de San Cristóbal en Bogotá con el fin de entender cómo las concepciones de espacialidad aportan a la reivindicación por el derecho a la ciudad. El concepto de derecho a la ciudad va a ser entendido según la definición de Henri Lefebvre: desde la rápida industrialización y urbanización del siglo XIX —luego fortalecida por las políticas neoliberales del siglo XX— muchos/as han apostado por la resignificación y transformación de los espacios urbanos fuera de las lógicas mercantiles y consumistas (por lo tanto, se ha procurado buscar la creación de formas alternativas de vida en lugar de un retorno —o asimilación— a un tipo mercantilizado de la ciudad moldeado en los últimos dos siglos). Para el caso de los barrios de Manantial, Triángulo Alto y Triángulo Bajo en Bogotá, una forma de apostarle a ese derecho a la ciudad ha sido a través del concepto del Ecobarrio: una organización política, social y económica popular en la que se intenta priorizar la conexión de las personas con su territorio y los valores de la vida comunitaria, en armonía con la naturaleza. Este tipo de organización inició en estos barrios desde el año 2000 hasta la actualidad como una iniciativa de resistencia ante las políticas de reasentamiento que busca imponer el Estado colombiano a estos territorios considerados como ilegales, vulnerables y en zona de riesgo no mitigable (es decir, zonas con tierras “inevitablemente” expuestas a movimientos en masa perjudiciales para la infraestructura y los/as habitantes), no solo para resistir al reasentamiento sino también para hacer valer, en el proceso, el derecho a la vivienda y al espacio público de acuerdo con las nociones de bienestar de la comunidad.
A través de la exploración de estas ideas, este trabajo intenta, primero, utilizar teoría y literatura de la disciplina de la Geografía para entender cómo los espacios que habitamos reflejan y dan forma a nuestros intereses (como aquellos de la vida en comunidad, la resistencia, el cuidado el medio ambiente al entenderse como parte de él), y, en segundo lugar, entender cómo la historia de Bogotá (en particular, una de una ciudad que inició su crecimiento en manos del mercado informal de tierras desde la especulación en lugar de la planificación gubernamental centralizada para la urbanización) y la geografía (considerando la forma en que los Cerros Orientales de Bogotá crearon conflictos particulares con formas tradicionales de urbanización) han dado pie a luchas significativas para reclamar el derecho a la ciudad. Al examinar la historia de Bogotá, este trabajo también busca crear conexiones más amplias con la historia nacional y mundial: no solo a través de examinar el proceso de urbanización como producto de un modelo de desarrollo europeo exportado al resto del mundo, sino también cómo dinámicas de la guerra interna, como el período de La Violencia (1946-1958) y el Conflicto Armado Colombiano (a partir de los años 60) explican las razones y las formas en que las ciudades de Colombia han sido pobladas y urbanizadas a lo largo del siglo XX. En este trabajo, historias de vida, testimonios y explicaciones de percepciones sobre la espacialidad de los habitantes del Ecobarrio dieron forma a las ideas principales. Se utilizaron fragmentos de entrevistas con dos personas: Héctor Hugo Álvarez Cubillos y Carlos Julio Rozo Zamudio, ambos líderes y voceros importantes del Ecobarrio y que llevan involucrados en la lucha de resistencia por décadas; y una serie de fuentes secundarias para complementar la reconstrucción de la historia de los barrios y ampliar el marco teórico de los entendimientos geográficos del espacio.
Contexto de urbanización del suroriente de Bogotá: el crecimiento de una ciudad bajo las lógicas del capital
El surgimiento de los barrios Manantial, Triángulo Alto y Triángulo Bajo en la localidad de San Cristóbal se enmarca en el contexto de una Bogotá en proceso de rápida y extendida urbanización a lo largo del siglo XX. Una vez inicia la desamortización de bienes de la Iglesia y del Estado a finales del siglo XIX, surge el negocio urbanizador, lo que implicó que se diera un cambio de posesión y venta de la tierra: pasa de estar predominado por terratenientes rentistas en haciendas a grupos de la élite que especulaban activamente con la tierra (para no solo crear ganancias sino también para asegurar derechos sobre la propiedad privada en nuevos territorios limítrofes a la ciudad) [1]. Esto permitió, a la larga, la ampliación de la frontera urbana de Bogotá mucho más allá del conglomerado de barrios alrededor del centro —la principal localización de la urbe colonial— teniendo como base el derecho a la propiedad privada [2]. Este proceso fue fundamental para que la expansión urbana de Bogotá del siglo XX no empezara como producto de un proyecto sistemático, organizado, estatal y/o municipal: fue, en cambio, un proceso promovido por urbanizadores privados, lo que es diciente de las formas en que la acumulación de capital sirvió como principal “constructor” de la ciudad.
Esta expansión urbana se vivió en el suroriente de Bogotá, particularmente en San Cristóbal, a través de las exigencias y necesidades de vivienda de la clase obrera inicialmente entre 1915 y 1920 [3]. Aparte del hecho de que en San Cristóbal la expansión urbana para los especuladores era ideal por su alta disponibilidad de tierras y fuentes de agua potable, desde inicios del siglo XX el territorio fue un foco principal de centros industriales, particularmente en las chircaleras y ladrilleras [4] (es, entonces, en San Cristóbal donde se producía el producto para la urbanización más importante). Esto hizo que la misma población trabajadora vinculada a estos oficios edificara nuevos barrios en el territorio, en los que se encuentra con gran protagonismo el barrio San Francisco Javier (hoy Villa Javier, motivado por los jesuitas) y en menor medida el Triángulo Bajo. Lo fundamental y característico de este tipo de urbanización es que, como los urbanizadores privados se limitaban a dividir y vender la tierra, no había garantías de ningún tipo de infraestructura y por ello la construcción de las viviendas quedaba en manos de los compradores de los lotes, así como las formas de suplir los servicios de acueducto y alcantarillado [5]. Esto fue crucial para la construcción de un paisaje de desigualdad en Bogotá: mientras crecían los barrios obreros en las circunferencias de las industrias en barrios sin servicios públicos y planeación urbana, las élites se asentaban en urbanizaciones con espacios y materiales de alta calidad y con acceso a servicios públicos y urbanos, y con menor densidad de población, como fue el caso de varios barrios en Chapinero (hoy en día una localidad al nororiente de la ciudad) [6]. Solo fue durante los 40s —en medio de un contexto de reformas llevadas a cabo por presidentes de la República Liberal (un periodo de gobierno Liberal tras casi 50 años de dominio conservador)— en que el Estado intenta regular la construcción de vivienda urbana en estos territorios para tratar de controlar el incremento de población organizado alrededor de la industria de construcción [7].
Sin embargo, esta intervención estatal no fue suficiente para, primero, imponer con efectividad un control sobre la actividad urbanizadora, y, segundo, para suplir la demanda de vivienda que se daría a lo largo de la década de los 50s. Tras el periodo de La Violencia (1946-1958) [8] y con ella el auge de la represión y persecución partidista, aumenta significativamente los índices de población en el suroriente de Bogotá conformada por la población desplazada de zonas rurales, particularmente de territorios en Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander. Carlos nos cuenta que esta fue, precisamente, la razón por la que sus padres llegan al barrio Manantial:
Llegaron, cómo se dice, desplazados, porque en esa época era la lucha entre conservadores y liberales. Entonces, ¿qué pasa si tú eres conservador y el otro y liberal? Pues el otro te podía matar.
Carlos identifica, además, que este fue un catalizador del asentamiento de varias familias en el barrio Manantial, y que el desplazamiento (pero ahora por la ola de migrantes desde Venezuela) sigue siendo un factor importante para el asentamiento de personas en estos territorios:
Aquí en el barrio eran escasamente 12 familias que habitábamos el barrio y se fue expandiendo, gente que fue llegando desplazada de diferentes sitios de Colombia. Incluso ahorita ya están llegando venezolanos. El barrio se fue agrandando. Pasó de ser un territorio de diez, 20 familias, a tener 500 familias.
Lo crucial de notar aquí es que, en el caso de los barrios Manantial, Triángulo Alto y Bajo, la urbanización tuvo su motor en el mercado informal de suelo y vivienda por la misma condición de vulnerabilidad ocasionada por el empobrecimiento y la necesidad de desplazarse por la violencia. En Bogotá las ocupaciones inicialmente se dieron, en mayoría, sobre propiedades particulares de suelo privado (a diferencia de otros países de América Latina donde se suele ocupar suelos de propiedad pública o estatal) que fue posible a través de la interacción “contractual” entre un vendedor y un comprador [9]. Los compradores informales se convierten en lo que coloquialmente se conoce como urbanizadores piratas: personas que adquieren lotes —en mayoría no reconocidos por el Estado—, falsifican escrituras y cartas de propiedad, hacen promesas engañosas de que el Distrito construirá infraestructura y mobiliario urbano en la zona, hacen ganancias de compraventas falsas, y, en muchos casos, estafan a las familias. Los padres de Héctor vivieron esta situación, y él nos explica cómo esto ha marcado las formas en que ha accedido a la ciudad (y por tanto ha tenido una fuerte implicación en su lucha por el derecho a la ciudad hasta hoy en día):
Mis padres llegaron ahí como antes del 80, y llegaron ahí como resultado de un urbanizador pirata que les estaba vendiendo un barrio, uno con una urbanización, y se voló con la plata y los tumbó. Entonces ellos vinieron e invadieron porque no podían perder sus únicos recursos, pero después digamos, la policía no se los volvió a llevar, lo llevó unos días para la cárcel, los volvieron a soltar y volvieron a invadir. Y eso, digamos, tiene mi asiento en la lucha, la lucha en el caso mío, la lucha es por el derecho al territorio, el derecho a la ciudad, que no es un discurso académico, simplemente es un lugar en el mundo, porque desde muy pequeño perdí mi lugar en el mundo, entonces pagando arriendo aquí y allá, sin un lugar estable en el mundo, como dice mi mamá, con el chivo al hombro.
(…) Lo estaba vendiendo John Hansen Bello. Y mi mamá llegó llorando un día porque John sí se fue con la plata. Se voló con la plata, que es lo que ha pasado en este país (…). Un día mi mamá llegó llorando y dijo, no, ya le robaron, entonces entre muchos vecinos fueron e invadieron el lugar, o sea, se lo tomaron porque era lo que les correspondía a ellos.
Carlos también narra cómo esta historia de estafas no ocurrió sin recibir resistencia por parte de la comunidad:
La historia de este barrio (Manantial) fue la misma historia de allá, de Triángulo Alto. Aquí llegaron la gente, las engañaban, les vendían el lote, pero no sabían que aquí, cuando empezaron a hacer sus cambuches que eran en tela de paroi, vinieron y los sacó la policía. Les tomaron todo. Hicieron dos veces eso, lo llevaron para cárcel, eso lo sacaban hasta por televisión, pero la gente siguió insistiendo, insistiendo y les tocó dejarlos (…).
Las palabras de Héctor y Carlos también nos ayudan a complejizar la relación histórica entre las invasiones y las urbanizaciones piratas. Las invasiones y urbanizaciones piratas, ambas siendo formas informales de urbanización, se diferencian en que la última sí está mediada por una transacción mercantil. Si bien en Bogotá la mayor parte del asentamiento se dio sobre suelo privado y su respectiva “adquisición” comercial (lo que se entendería exclusivamente como urbanización pirata), las dinámicas complejas de informalidad a veces implican que la urbanización pirata da pie a la invasión (como es el caso de la familia de Héctor), o, por ejemplo, ¿no se podría considerar a la adquisición de la tierra de un urbanizador pirata también como una invasión? Independientemente de estos interrogantes, es fundamental resaltar en este punto la forma en que, a través de esta urbanización pirata, se evidencia cómo la expansión de Bogotá estuvo atravesada y motivada por el derecho a la propiedad privada (tanto para ofrecer la tierra como para acceder a ella) [10].
El poblamiento de los barrios de Manantial, Triángulo Alto y Bajo no se queda en las plenas dinámicas mercantiles y de ilegalidad que implican la urbanización informal. Aquí también es fundamental tener en cuenta la geografía en la que se desarrollan estos procesos. Los barrios en cuestión están expuestos a dos vulnerabilidades geográficas principales al hacer parte de la Franja de Adecuación de la Reserva Forestal Protectora Oriental de Bogotá en los Cerros Orientales (área declarada de esta forma por primera vez en 1976 [11]). Primero, ya que dentro de la urbanización pirata se suelen tomar terrenos sin urbanizar y alejados de la organización urbana principal, fue usual que las personas tuvieran que asentarse en zonas periféricas de alto riesgo por amenaza de deslizamiento o inundación [12]. Este fue el caso para los barrios Manantial, Triángulo Alto y Bajo, que motivó a que en 1999 la Secretaría de Gobierno, mediante el Concepto Técnico 3121, identificara que los barrios se encontraban en una zona de riesgo no mitigable por posible remoción en masa, lo que inició un intento de programa de reasentamiento de la comunidad [13]. Carlos nos explica que este concepto no fue resultado de un estudio y que hace parte de una dinámica de poder más amplia:
Nos metieron ese concepto [riesgo no mitigable]. No sé por qué lo metieron, pero creo que fue una estrategia para poder sacar a la gente. Y como aquí la gente pues es de escasos recursos, son desplazados o gente muy pobre que llegan de diferentes partes de Colombia, pues les ha tocado esa opción, porque si tú vives aquí en una casa de palo y una casa de latas y te van a dar un apartamentico, te van a dar una casita bien bonita ahí en la ciudad, pues tú qué te haces, ¿a dónde le firmo?
El segundo factor de vulnerabilidad es que, si bien el Estado ha tratado de imponer una narrativa de “naturaleza virgen” que defiende el reasentamiento de las comunidades como forma de proteger el ecosistema, este (y actores privados, hoy en día particularmente multinacionales) han buscado la dominación del territorio geoestratégicamente por la posesión de recursos, especialmente el agua, con completa negligencia a las comunidades que históricamente han habitado los Cerros Orientales. Carlos nos alerta de esta problemática, y nos recuerda el interés por la dominación de ecosistemas como los páramos:
¿Y el tema qué es? ¿El tema de los páramos qué es? El agua. Si no hay agua no hay vida. Y el agua va a ser el tema fundamental del mundo. Van a haber guerras por el agua, ya no va a ser por el petróleo, por el gas, por internet, va a ser por el agua. Y el agua está en los páramos, en estos sitios.
Las entidades nos quieren es sacar. Hay planes para este territorio. Con contarle que a mí me han contado que esto ya está vendido adivine a quién. A los japoneses.
De ahí que, con la historia de los barrios de Manantial, Triángulo Alto y Bajo en San Cristóbal, se refleje la historia de un Estado (y, en cierta medida, de un mundo dominado por lógicas neoliberales que abarcan y se reflejan en el espacio) que le cede al mercado inmobiliario el control del espacio y por tanto el crecimiento y formas de habitar la ciudad. Esto no implica la ausencia del Estado o la institucionalidad: aparte de estar presente cuando designa áreas de riesgo a ciertos lugares en los planes de ordenamiento territorial, este respalda políticas neoliberales de multinacionales y transnacionales dando garantías y acceso (y desplazando activamente a las comunidades locales) a la explotación de recursos y a la imposición de un tipo de urbanismo que sea coherente y funcional con una ciudad “moderna”. Bien explica Héctor esta presencia diferenciada del Estado:
Yo lo que digo siempre lo diré, es que tenemos una presencia diferenciada del Estado. Cuando hablo de presencia diferenciada del Estado, es porque está por unas cosas, para otras no. Está para sacarnos. No para asumir como Estado la responsabilidad de reconocer derechos fundamentales de las comunidades que estamos ahí hace años (…). Cuando hablo de una presencia precaria, es un Estado con una precariedad enorme de presencialidad en el territorio, que no construye. Que no alimenta, sino por el contrario, dificilita el buen vivir en el territorio.
A pesar de esta gran presión estatal y del dominio que han tenido entes privados en pro de la acumulación del capital, nacen las luchas y contradicciones de las comunidades en la formación de su espacio de vida, de su acceso digno a la vivienda y del espacio público (en breve: de su derecho a la ciudad). En los barrios se lucha para proponer alternativas de vida y rechazar el modelo de ciudad que beneficia, al fin y al cabo, a los dueños del mercado. Se insiste por defender la permanencia en el territorio y la agencia que tienen sus sujetos de no depredar la naturaleza en el proceso.
¿Y si nos imaginamos otras formas de habitar la ciudad? La creación de una forma de vida alternativa a la política de urbanización y reasentamiento
Eso fue entre el entre el año 2000 y 2005. Empezamos a organizarnos más tareas, juntarse comunal y todo, pero empezamos a sentir la presión de que teníamos que irnos del territorio. Entonces vamos a organizarnos para lo del territorio o para pensar qué hacíamos.
Y así, en palabras de Héctor, fue como empezó la historia de resistencia de la comunidad para hacerle frente a las políticas de reasentamiento del Estado y lo que ha implicado para el uso instrumental y destructivo a la naturaleza. Si bien los y las habitantes de los barrios han planteado diferentes formas de resistencia, una que ha prevalecido es la propuesta del modelo del Ecobarrio como un modo de materializar el derecho a la ciudad. El Ecobarrio es entendido, de forma amplia, como una organización que adopta una comunidad para crear una visión colectiva que priorice una armonía con el medio ambiente para construir el buen vivir a largo plazo [14]. Héctor explica que:
El concepto de Ecobarrio surge en un momento, digamos de una crisis colectiva, de una crisis, de un malestar individual por una constante presión institucional de sacarnos del territorio (…). Planteamos el Ecobarrio como una iniciativa ciudadana por el derecho a la ciudad y como una alternativa a los programas de reasentamiento.
El derecho a la ciudad, definido según Henri Lefebvre, hace referencia a la capacidad de los y las habitantes urbanos/as de adueñarse de la organización y espacialidad de la ciudad (y cuestionar las lógicas espaciales del capitalismo) tras ser esta —siguiendo los proyectos de industrialización y urbanización masiva desde el siglo XIX profundizadas por las políticas capitalistas de “Los Treinta Gloriosos” (1945-1973) y las políticas públicas neoliberales de los 70s hasta hoy en día— reducida al dominio y racionalización del espacio bajo lógicas mercantiles. En otras palabras: tal y como se vio que ocurrió con el contexto bogotano, la industrialización y urbanización que inició en Europa creó un modelo de ciudad (que se exportó a demás regiones del mundo) exclusiva a los intereses de acumulación del capital, y con ello condenó la vida humana a ser enajenada por el consumo, implantó una forma de vida individual, de tiempos inmediatos, de exclusión de ciertas personas no funcionales a la vida de consumo; privatizó espacios urbanos y puso en el centro a las industrias y espacios mercantiles, erradicando espacios que existan fuera de la lógica del capital [15].
Como se vio en el anterior apartado, en Bogotá el establecimiento de este tipo de urbanidad implicó, entre muchos otros fenómenos, la expulsión de ciertos grupos sociales a las diferentes periferias (de ahí creando segregación espacial y social) que ahora luchan por su derecho a la ciudad: la creación de un espacio para la construcción de la vida colectiva, la restitución del espacio urbano, el acceso digno a la vivienda, la politización de las vidas y voluntades de sus habitantes y la búsqueda de una vida que elimine la revictimización de la violencia sufrida tras décadas de violencia bipartidista y conflicto armado. Este último punto también es fundamental para entender el concepto de derecho a la ciudad de una forma situada, es decir, puesta en el contexto bogotano (y en cierta medida latinoamericano, distinto a la Francia de los 60s desde la que escribía Lefebvre): el querer crear formas de habitar a la ciudad no solo tiene que ver con el rechazo al urbanismo capitalista y moderno establecido con la Revolución Industrial, también tiene que ver con el rechazo a la guerra y el despojo de los territorios que genera. En palabras de Héctor:
(…) sino que también entiendan que hay formas diferentes de vivir. Que no es solamente el urbanismo desmesurado. El urbanismo concentrado, el urbanismo que no respeta los espacios verdes, un urbanismo más sustentable, más, más armónico, porque muchos de ellos son campesinos y campesinas que logran pelearse cosas de reordenamiento en los municipios, en los pueblos, pero fundamentalmente que recuperen la autonomía territorial, que recuperen las autonomías de las organizaciones sociales.
Este deseo de apropiación del derecho a la ciudad tiene que ser comprendido como toda una apuesta a la transformación espacial y por tanto política y social. Aquí la geografía humana nos permite enriquecer nuestro entendimiento al plantear que, como el espacio es un elemento central en la experiencia humana, el espacio no es solo el vacío de objetos en que se desarrolla la vida de las personas: es un agente que produce y reproduce tanto las identidades como las relaciones sociales concretas que atraviesan a las personas que habitan en él [16]. Que los espacios tengan estos significados para las personas que los habitan implica una experiencia (mediada por los sentidos) permeada por una idea de arraigo y por tanto de deseo de preservación (el querer preservar contiene un componente de mirarse a sí mismo/a en el tiempo, que aporta, eventualmente, a la noción del ser) [17].
Es aquí donde el concepto de Ecobarrio cobra especial sentido. Este concepto se relaciona con el derecho a la ciudad de dos formas particulares: primero, hace una apuesta por entender al/la sujeto/a como profundamente conectado con el lugar en el que se vive, y al sujeto, al mismo tiempo, conectado con su comunidad — el prefijo “Eco” no solo hace referencia a lo ecológico de la propuesta sino al sentido de “hogar” que le da forma (teniendo en cuenta su etimología: Eco viene de la palabra griega oikos, que significa hogar; por tanto, el Ecobarrio es el Barrio-Hogar) [18]. Héctor explica que este elemento se abarca en una de las dimensiones que contiene un Ecobarrio, que es lo Eco-humano, principalmente a través de la responsabilidad que asumen los/as sujetos/as con su contexto tras reconocerse como parte de este:
(…) El territorio permite deconstruirse como sujeto, como sujeto político, sujeto social, sujeto responsable, un sujeto con un nivel de confianza muy alto, con un nivel de responsabilidad frente al tema de los seres vivos como los seres humanos, como los no humanos.
El Ecobarrio también se relaciona con el derecho a la ciudad en el sentido que propone la creación de una identidad comunitaria que gira en torno a principios de respeto por la vida (y el ambiente) y la propiedad colectiva, y por tanto tiene implicaciones en cómo se percibe y se maneja el “riesgo” asociado al asentamiento en los Cerros Orientales (y el cuidado de la naturaleza en general). Esta identidad, por tanto, replantea las relaciones entre los humanos y su entorno, volviendo más horizontal la relación con la naturaleza. En palabras de Héctor, y bajo la dimensión de lo Eco-ambiental:
(…) Ahora lo que tengo que hacer es entender que cualquier actividad sobre el territorio dará un impacto negativo o positivo. Por eso implica entonces determinarnos cómo queremos vivir ahí. Entonces habla el tema de la sustentabilidad, el tipo de vivienda, las condiciones de la vivienda, la eficabilidad, los materiales, la altura, la dimensión (…). Mi casa tiene una cantidad de cosas que hacen que sea una casa sustentable y que se proyecte como piloto, en donde la gente pueda vivir en ese tipo de vivienda, que es termoacústica, y que tiene unas condiciones importantes. Sea el tema del manejo de los residuos, está el tema del manejo, digamos, de las huertas urbanas, de compostaje.
Carlos incorpora la dimensión de lo Eco-humano con lo Eco-ambiental cuando verbaliza su preocupación por el medio ambiente más allá de las fronteras de los barrios. Prevalece el pensamiento comunitario y solidario dentro de la misma comunidad y también fuera de ella (y, por tanto, creando una comunidad más grande):
Nosotros no solamente por el territorio sino por el planeta, para que este pedacito, por este pedacito que es que yo estoy luchando, mi mujer está luchando, permanezca. No vengan aquí a hacer esas construcciones, a hacer apartamentos. ¿Cómo es que se dice? Somos héroes invisibles. Que no nos reconocen, pero ahí estamos.
Dentro de este respeto por la vida (y muy anclada a ella) también entra la dimensión Eco-nómica del Ecobarrio. Héctor explica que es una que tiene que ver con la administración consciente del entorno y su aprovechamiento sostenible:
Mirar los atributos y potencialidades del territorio que permitan mostrar que se puede hacer turismo y bienestar. Sí podemos mejorar las condiciones de la comunidad a partir de ciertos recorridos turísticos en colegios, con universidades, con comunidades, con empresas, etcétera.
De aquí que podamos ver cómo la organización y principios bajo el concepto de Ecobarrio funciona como una forma de expresar el derecho a la ciudad. Esto, principalmente, desde la consideración de que las comunidades mismas se apropien de sus procesos, necesidades, deseos y modos de vida, rechazando un tipo de urbanismo que ha estado guiado por la especulación y la propiedad privada, y en el proceso ha resultado nocivo para el medio ambiente y del ser humano y su comunidad. Por ello también es importante conceptualizar el derecho a la ciudad no como el retorno a las ciudades tradicionales, sino como la propuesta —y, en palabras de Héctor, ese anhelo por una utopía posible— de una vida urbana transformada, y en búsqueda de una nueva vida en que se pueda habitar el espacio con dignidad y bienestar.
Conclusión
A través del trabajo se exploró cómo el concepto de Ecobarrio surge como una estrategia para resistir a las políticas de reasentamiento del Estado colombiano. Estas políticas estatales fueron entendidas desde su raíz histórica y geográfica en Bogotá: una ciudad que inició expandiéndose en base al derecho a la propiedad privada y la especulación de la tierra de los urbanizadores piratas en vez de la planeación centralizada para la urbanización, lo que implicó la creación de una ciudad compuesta de barrios sin servicios ni infraestructura básica; y una ciudad atravesada por los Cerros Orientales (siendo algunos barrios parte de la Franja de Adecuación de la Reserva Forestal Protectora Oriental de Bogotá: una zona categorizada como de alto riego de población por amenazas de deslizamiento o inundación). En este proceso de resistencia, se crea una reivindicación por el derecho a la ciudad: el derecho de crear formas de vida alternativas a la ciudad tradicional que se organiza alrededor de las lógicas mercantiles, consumistas (y de violencia, en el contexto colombiano) y que se beneficia de la explotación de la naturaleza y la extracción masiva de sus recursos. El Ecobarrio, a través de los principios de lo Eco-humano (la creación de un sujeto conectado con su comunidad y su entorno desde el concepto de la responsabilidad), lo Eco-ambiental (que encapsula el anhelo de no instrumentalizar la naturaleza y ejecutar prácticas más sustentables de vida), y lo Eco-nómico (la administración consciente del entorno y su uso también desde la sostenibilidad ambiental), le apuestan a restituir el espacio urbano, garantizar un acceso digno a la vivienda y seguir transformando la percepción que tiene el ser humano con su entorno: no solo existe para nosotros/as, sino que reproduce y exterioriza nuestra historia, lo que somos y lo que queremos.
Además de haber explorado la forma en que la historia contiene complejidades más allá del accionar o no accionar del Estado, la historia y presente del Ecobarrio nos enseña, en última instancia, que una relación comunitaria y horizontal entre sujetos/as y la naturaleza es no solo posible sino necesaria para la creación de entornos habitables (es decir: la posibilidad de una vida con dignidad). Hoy en día, la lucha por permanecer en el territorio continúa. Se sigue debatiendo sobre la legalidad de los barrios, si son mejor categorizados como urbanos o rurales y qué implicaciones tiene recibir cada categoría, y qué nuevas dinámicas se darán a partir del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (llamado Bogotá Reverdece 2022-2035) del distrito. Hoy más que nunca es necesario que nunca seguir al pie con la lucha, pues, como muy bien articula Héctor:
(…) Pero siempre saldrán resistencias en la medida que no se genere una justicia social y que no se reconozca la dignidad humana como un eje fundamental, no transversal. Porque donde dicen transversal es que no saben qué hacer con eso. Fundamental de los sectores populares en el campo, en las ciudades y en las periferias.
Notas
[1] Luis Colón. “Crecimiento urbano y mercado de tierras en Bogotá, 1914-1944”. Bogotá: Territorios 40 (2019). 121; Luis Colón & Germán Mejía. “Atlas histórico de barrios de Bogotá, 1884-1954”. Bogotá: Alcaldía de Bogotá (2019). 18.
[2] Andrés Blanco. “Discourses of land allocation and natural property rights: Land entrepreneurialism and informal settlements in Bogotá, Colombia”. Planning Theory (2011). 32.
[3] Gobierno de Bogotá. 2012. “Historia del poblamiento de San Cristóbal”.
[4] Andrés Bustos. “San Cristóbal: haciendo ladrillos, haciendo historia”. (2007). 81.
[5] Luis Colón & Germán Mejía. 2019. Atlas histórico de barrios de Bogotá, 1884-1954. Bogotá: Alcaldía de Bogotá. 21.
[6] Mayerly Villar. 2005. “Las residencias de la élite bogotana: interacciones socioculturales 1930-1948” en Revista de Arquitectura, No. 7. (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Facultad de Arquitectura). 11.
[7] Ricardo Plazas & Jairo González. “Luchas y contradicciones en la construcción de Eco-barrios: alternativa a la política de reasentamiento y hábitat, propuesta por la organización popular de los barrios Corinto, Manantial, Triángulo Alto y Triángulo Bajo de la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá” (Tesis, Corporación Universitaria Republicana, Facultad de Trabajo Social, 2010). 46.
[8] No hay un consenso sobre la delimitación de la época de La Violencia: hay algunos/as que consideran que empieza desde los 20s con el inicio de la movilización obrera, otros/as desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, otros/as que consideran que fue hasta los 60s con el auge de la lucha armada, y otros/as que consideran que el periodo sigue vigente hasta hoy en día. En este trabajo decidí delimitarlo entre 1946 hasta 1958, marcado por el inicio del gobierno de Mariano Ospina Pérez para el inicio y el comienzo del Frente Nacional (una época de acuerdo de gobernanza bipartidista) para marcar el final de la época. Sin embargo, esto no implica que haya sido el gobierno de Ospina el causante de La Violencia y que las dinámicas de represión estatal y violencia bipartidista no se hayan propagado a lo largo del Frente Nacional (ver: El Libro Negro de la Represión: Frente Nacional 1958-1974 del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos).
[9] Angélica Camargo & Adriana Hurtado. “Urbanización informal en Bogotá: Agentes y lógicas de producción el espacio urbano”. Revista invi, Volumen N.º 28: 77-107 (2013). 83.
[10] Andrés Blanco. “Discourses of land allocation and natural property rights: Land entrepreneurialism and informal settlements in Bogotá, Colombia”. Planning Theory (2011). 31.
[11] Colombia. Secretaría Jurídica Distrital. Acuerdo 30 de 1976 Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA. 30 de septiembre de 1976.
[12] Ernesto Cuéllar. “Proliferación de Asentamientos ilegales en Bogotá D.C.” (Tesis, Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana, 2018). 3
[13] UNAL. 2022. “El Ecobarrio como apuesta en la política de reasentamiento”. Párr. 2.
[14] Héctor Álvarez, Pensando en Ecobarrios: una propuesta a las políticas de reasentamiento y políticas de Hábitat. (Bogotá: CINEP, 2010). 15
[15] Henri Lefebvre. El Derecho a la Ciudad (España: Capitán Swing, 2017).
[16] Luis Sánchez Ayala y Cindia Arango López. Geografías de la movilidad: perspectivas desde Colombia. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016).
[17] Yi-Fu Tian. Space and Place: the perspective of experience (Minneapolis: University of Minnesota press, 2008).
[18] Tatiana Ome. “Etnografiando Ecobarrios: Un análisis de los efectos de un programa institucional y de una iniciativa local en los procesos de construcción de identidad y de producción de lugar – Los casos de Manantial (San Cristóbal Sur) y Lombardía”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2012.
